Maribel y Antonio Espaillat recibirán medidas cautelares en lugar de prisión preventiva
TL;DR: La justicia dominicana impuso medidas cautelares y una fianza millonaria a los dueños de Jet Set tras el derrumbe que causó 236 muertes, mientras el proceso avanza hacia una investigación exhaustiva.
La justicia dominicana determinó que Maribel y Antonio Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, no serán enviados a prisión preventiva luego del derrumbe ocurrido el 8 de abril, que dejó 236 víctimas fatales y más de 180 heridos. En su lugar, se han aplicado medidas cautelares en el marco del proceso judicial para garantizar la continuidad de la investigación y la atención a las demandas de las víctimas.
Medidas cautelares y detalles del proceso legal
Entre las medidas impuestas se encuentra una fianza de 50 millones de pesos dominicanos, equivalente a cerca de 900,000 dólares. Asimismo, se ha ordenado la prohibición de enajenar activos, incluyendo la congelación de bienes vinculados a RCC Media, propiedad de los hermanos Espaillat. También afrontan restricción de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades correspondientes.
Argumentos de la defensa y del Ministerio Público
- Defensa: Miguel Valerio, abogado de los propietarios, reiteró que el caso no debería verse como un crimen y defendió la integridad de sus clientes. Señaló acuerdos con 40 víctimas que llevaron a desistimientos formales.
- Ministerio Público: Wilson Camacho sostuvo que existen pruebas suficientes para sustentar la acusación de homicidio involuntario y anunció la apelación de las medidas, argumentando que las consecuencias del incidente han sido minimizadas.
- Acusaciones: Los hermanos están imputados por homicidio involuntario y manipulación de testigos, ante la sospecha de ignorar advertencias de seguridad y presionar para modificar testimonios.
Próximas etapas en la investigación judicial tras el derrumbe
Con la aplicación de las medidas cautelares, el caso Jet Set avanzará hacia una investigación más exhaustiva. La defensa anunció un análisis técnico y contradictorio del informe pericial del Ministerio Público, defendiendo su postura de que el colapso fue causado por deficiencias en una construcción realizada en 2014 y no por una negligencia intencionada. Este proceso será fundamental para establecer las responsabilidades y definir la respuesta judicial ante el impacto sufrido por las víctimas y sus familias.
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