Lisandro Macarrulla llama empresariado a activarse para evitar mayores incertidumbres en próximas elecciones
Santo Domingo.- El ex presidente del CONEP y actual director del Gabinete Presidencial de Luis Abinader, Lisandro Macarrulla, hizo este lunes un llamado al sector empresarial encabezado por el CONEP, para que inicien desde ya, una campaña masiva, así como cualquier otra acción que conlleve a evitar que en las próximas elecciones pautadas para el 2020, se presenten diferentes situaciones irregulares que durante las recientes primarias internas, fueran denunciadas por un sector del partido de gobierno.
Según Macarrulla, “las denuncias en torno a supuesta compra de votos, el evidente uso excesivo de recursos del estado y la asimetría en el uso de los medios de comunicación, entre otros posibles delitos electorales, son inadmisibles en cualquier proceso electoral, por lo que la influencia del sector empresarial debe hacerse sentir para evitar que este tipo de prácticas irregulares puedan repetirse, generando como consecuencia más incertidumbre en los próximos torneos electorales”.
El empresario aprovechó para recordar que “tras la promulgación de la Ley de Régimen Electoral 15-19, persiste una deuda con el país, que es fundamental solventar cuanto antes, como lo es la creación de una Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales, la cual con los recursos adecuados, debería garantizar la debida investigación y posterior resolución del tipo de denuncias como las formuladas en el reciente proceso, y que no pueden permitirse en próximos procesos”.
El representante del aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, aseguró que el país se encuentra en una situación en la que urge un cambio del modelo de gobierno que ha implantado el Partido de la Liberación Dominicana a lo largo de casi 20 años, y que para ello se requiere contar con un sistema electoral y unas instituciones relacionadas con el tema, lo suficientemente transparentes y apegadas a las normas y leyes, para garantizar la credibilidad de la población en los procesos y la preservación de la democracia.
